Hay momentos en que la violencia no comienza con un golpe ni con un disparo, sino con una palabra repetida o un adjetivo que se vuelve costumbre. En Estados Unidos, el discurso sobre las personas migrantes ha cruzado hace tiempo esa frontera. Ya no se trata solo de políticas migratorias ni de marcos legales. Se trata de una narrativa que ha decidido convertir al otro en enemigo público.
Quien migra es nombrado como amenaza, riesgo y problema a contener.
Ese desplazamiento del lenguaje no es inocente. Cuando un país que es conocido como la mayor potencia económica y militar del mundo habla del migrante en términos de criminalidad, lo que hace no es describir una realidad, sino producirla. El discurso precede a la acción, la legitima y la vuelve tolerable.
Las agencias federales encargadas del control migratorio operan en ese marco. Son el brazo visible de una narrativa que necesita mostrar fuerza. Las redadas, las detenciones masivas, la exhibición pública de la coerción no funcionan únicamente como mecanismos administrativos. Son mensajes dirigidos tanto a quienes migran como a quienes observan consternados.
Y quienes observan son muchos. Entre ellos, las nuevas generaciones.
El problema no es solo lo que se hace, sino cómo se dice. El discurso político que acompaña estas acciones es cada vez más agresivo y, sobre todo, cada vez más desprovisto de matices. No hay arrepentimiento, no hay duda ni complejidad. Se habla del migrante como se habla de un enemigo interno. Alguien a quien hay que expulsar o eliminar del campo visible.
Cuando ese lenguaje se instala en el espacio público, deja de ser una excepción y se vuelve paisaje. Aparece en discursos oficiales, en entrevistas, en redes sociales, en titulares. Se filtra en conversaciones cotidianas y se normaliza.
El riesgo de esa normalización es profundo. Por un lado, justifica la violencia institucional; por el otro, enseña a ver al otro no como una persona que huye de crisis económicas, sociales o de seguridad, sino como una figura abstracta que amenaza un orden. El lenguaje deshumaniza antes de que la política actúe.
Decir ilegal no es una descripción neutral. Decir criminal no es una categoría objetiva.
Son operaciones simbólicas que simplifican realidades complejas para volverlas administrables. Y, en ese proceso, se borra la historia y el contexto de quien es nombrado ilegal y criminal. Se borra la vida que empuja al ser humano a cruzar una frontera.
Lo más inquietante es que este discurso no se pronuncia en los márgenes del poder, sino desde tribunas oficiales, instituciones que se asumen como garantes de la ley y el orden. Esa asimetría importa, porque cuando el poder nombra, ese nombre opera y cambia vidas.
Hay una pedagogía implícita en todo esto. Las generaciones más jóvenes crecen escuchando que el migrante es el problema, que la frontera es una trinchera, que la violencia es una respuesta necesaria. Aprenden que el lenguaje puede vaciar de humanidad al otro sin consecuencias. Y ese aprendizaje no se queda en el tema migratorio: se extiende y contamina otras discusiones. Otras formas de exclusión.
El discurso crea un clima y el clima habilita prácticas.
No se trata de negar la existencia de leyes ni de fronteras. Se trata de reconocer que el modo en que se habla de ellas define el tipo de sociedad que se construye.
Cuando un Estado poderoso criminaliza al vulnerable, no demuestra fortaleza. Demuestra miedo. Y ese miedo, cuando se traduce en lenguaje agresivo y acciones represivas, erosiona la idea misma de justicia que dice defender.
Es urgente volver a mirar el lenguaje, para nombrar sin reducir y para discutir sin deshumanizar.
Antes de que una persona sea detenida, golpeada o expulsada, suele haber sido nombrada de una forma que hizo posible ese acto. Y mientras ese lenguaje siga circulando, la violencia seguirá encontrando justificación.
